AIS no es un error, es una política que buscaba exactamente los resultados que obtuvo.
Por ello, además de los cuestionamientos éticos o de abierta corrupción, que cada día se descubren, el tema trascendental es ¿qué se hizo la plata? Si el único problema de AIS es la concentración de los recursos en las personas, empresas poderosas o con vínculos cuestionables, el problema se reduce a la introducción de unos correctivos marginales a esta estrategia.
Este ha sido el planteamiento del Gobierno y de algunos candidatos o precandidatos presidenciales, lo cual ha llevado a salidas populistas y por lo tanto inocuas, como la del presidente Uribe de sacar a los ricos de AIS. Rápidamente su Ministro de Agricultura tuvo que corregirla, hasta que quedó en nada.
¿Dónde está la plata, que es mucha, 1,4 billones de pesos en tres años, cuando el sector agropecuario está en crisis? Ese es el tema de fondo, porque se trata de millones de personas que viven de esta actividad, de las posibilidades de crecimiento de la economía del país y del grave problema de equidad, ya que esa población es la más pobre de Colombia. Las cifras son las cifras, y aunque no siempre son lo precisas que se quisiera, sí muestran el panorama del sector. El crecimiento agropecuario siempre ha sido muy variable, pero es evidente que después del 2003, es decir, en este largo gobierno, se estancó.
Este ha sido el planteamiento del Gobierno y de algunos candidatos o precandidatos presidenciales, lo cual ha llevado a salidas populistas y por lo tanto inocuas, como la del presidente Uribe de sacar a los ricos de AIS. Rápidamente su Ministro de Agricultura tuvo que corregirla, hasta que quedó en nada.
¿Dónde está la plata, que es mucha, 1,4 billones de pesos en tres años, cuando el sector agropecuario está en crisis? Ese es el tema de fondo, porque se trata de millones de personas que viven de esta actividad, de las posibilidades de crecimiento de la economía del país y del grave problema de equidad, ya que esa población es la más pobre de Colombia. Las cifras son las cifras, y aunque no siempre son lo precisas que se quisiera, sí muestran el panorama del sector. El crecimiento agropecuario siempre ha sido muy variable, pero es evidente que después del 2003, es decir, en este largo gobierno, se estancó.
Además de que el sector agropecuario no respondió en los momentos de auge, cuando la economía se comenzó a desacelerar, inmediatamente el sector reaccionó de una forma más negativa. Desde el último trimestre de 2008, este presenta tasas negativas (tres trimestres seguidos) y es muy posible que en 2009 termine con un crecimiento aún más preocupante
Nos debemos preguntar ¿ por que diablos se roban la plata?
La primera pregunta que debe responder el Gobierno, empezando por el Presidente, por el ex ministro Arias y el ministro Fernández: ¿por qué el sector rural está en crisis, tres trimestres negativos -1,1% en el IV trimestre del 2008, -0,7% en el I del 2009 y -1,8% en el segundo del 2009-, cuando nunca se le habían asignado tantos recursos, y estos se concentraron en los grandes agricultores que se supone son los más eficientes?
Se suponía que estos fondos públicos tenían que asignarse a proyectos nuevos que dinamizaran al sector que venía estancado, que mejoraran la productividad frente a la competencia del TLC, y que generaran empleo digno en una actividad donde más del 70% de sus trabajadores son informales, y donde sus pocos asalariados ganan el 50% de lo que se les paga a los urbanos. Nada de esto ha pasado como lo demuestran las cifras agregadas del mismo Gobierno.
¿Qué se hizo la plata? La primera y más grave conclusión es que no hubo proyectos nuevos. Tampoco se generó el empleo deseable, porque la informalidad sigue en niveles inaceptables, más del 70%. Por ello, el desempleo, que nunca ha sido la medida adecuada en el campo, está estancado en niveles del 8%. No se puede comparar la política rural de hoy, llena de recursos, con la crisis de principios de la década, después de la caída de la economía del 4,3% en 1999.
Por lo tanto, cabe la hipótesis de que la mayoría de los recursos se asignaron a los grandes empresarios rurales para que refinanciaran sus deudas caras y las sustituyeran con créditos baratos a través de la línea especial de crédito DTF-2. La tentación era evidente: mientras en el 2007 la tasa de mercado era 17,71% y en el 2008 era 21,57% -datos de Banco de la República y la Superfinanciera-, la línea AIS DTF-2, ofrecía 8,01% en el 2007 y 9,74% en el 2008. Es decir, el crédito a Coltabaco de 9.800 millones le significó un ahorro de 1.350 millones.
Si se hace el cálculo para los créditos de los más ricos en estos dos años, los colombianos, incluidos los pobres, con nuestros impuestos, les llenamos los bolsillos a los ricos productores del campo, en una suma cercana a los 25.000 millones de pesos. Esta posibilidad tiene más fundamento del que se cree. Así lo ha expresado gente muy cercana al programa, que obviamente lo dicen con sigilo por miedo a las represalias del Gobierno. Este costo político lo debe asumir el Gobierno en pleno.
Se suponía que estos fondos públicos tenían que asignarse a proyectos nuevos que dinamizaran al sector que venía estancado, que mejoraran la productividad frente a la competencia del TLC, y que generaran empleo digno en una actividad donde más del 70% de sus trabajadores son informales, y donde sus pocos asalariados ganan el 50% de lo que se les paga a los urbanos. Nada de esto ha pasado como lo demuestran las cifras agregadas del mismo Gobierno.
¿Qué se hizo la plata? La primera y más grave conclusión es que no hubo proyectos nuevos. Tampoco se generó el empleo deseable, porque la informalidad sigue en niveles inaceptables, más del 70%. Por ello, el desempleo, que nunca ha sido la medida adecuada en el campo, está estancado en niveles del 8%. No se puede comparar la política rural de hoy, llena de recursos, con la crisis de principios de la década, después de la caída de la economía del 4,3% en 1999.
Por lo tanto, cabe la hipótesis de que la mayoría de los recursos se asignaron a los grandes empresarios rurales para que refinanciaran sus deudas caras y las sustituyeran con créditos baratos a través de la línea especial de crédito DTF-2. La tentación era evidente: mientras en el 2007 la tasa de mercado era 17,71% y en el 2008 era 21,57% -datos de Banco de la República y la Superfinanciera-, la línea AIS DTF-2, ofrecía 8,01% en el 2007 y 9,74% en el 2008. Es decir, el crédito a Coltabaco de 9.800 millones le significó un ahorro de 1.350 millones.
Si se hace el cálculo para los créditos de los más ricos en estos dos años, los colombianos, incluidos los pobres, con nuestros impuestos, les llenamos los bolsillos a los ricos productores del campo, en una suma cercana a los 25.000 millones de pesos. Esta posibilidad tiene más fundamento del que se cree. Así lo ha expresado gente muy cercana al programa, que obviamente lo dicen con sigilo por miedo a las represalias del Gobierno. Este costo político lo debe asumir el Gobierno en pleno.
Militares estadounidenses en Colombia, un elemento de desequilibrio, Sebastian Escobar Gutierrez
El acceso estadounidense a las bases militares en Colombia introduce un elemento de desequilibrio en la región. En una reciente entrevista con la prensa colombiana, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, en un intento de restarle trascendencia al nuevo acuerdo militar colombo-estadounidense dijo que éste solamente actualiza la manera como los dos países han venido colaborando. Es cierto. Pero la clave está precisamente en esta ‘actualización’. Es ahí en donde radica el foco de la controversia.
Los esquemas de seguridad de la guerra fría fueron reemplazados, ‘actualizados’, en su momento por las estrategias para enfrentar el narcotráfico, la nueva amenaza regional. Pero mientras la guerra a la droga de los años ochenta se limitaba principalmente a perseguir bandidos y sus cargamentos de cocaína, para Estados Unidos el carácter más complejo del crimen hoy día requeriría de estrategias de seguridad acordes con esta complejidad.
Es decir, estrategias dirigidas a enfrentar las que han sido identificadas por Estados Unidos como las nuevas grandes amenazas de la región, que se han afianzado en la última década, y que ya no se limitan a un mero problema de narcóticos: corrupción endémica, crimen organizado, bandas delincuenciales, enormes zonas sin presencia de Estado o áreas sin ley, fronteras porosas por donde circula impunemente toda clase de contrabando, armas, narcóticos, terroristas, población ilegal.
Aunque estos son incuestionablemente grandes problemas que azotan el continente, el Gobierno estadounidense no percibe que estas situaciones han sido generadas directa o indirectamente también por el fracaso de una guerra militarista a las drogas impulsada por ellos, y que si los billones de dólares gastados en esta guerra durante tantos años se hubieran invertido en el desarrollo social y económico de esos mismos grupos sociales y esas mismas regiones hoy tan problemáticos, probablemente esas grandes amenazas no existirían. La creciente desigualdad del ingreso característica de casi todos los países de Latinoamérica que ha conducido a la marginación social y económica de amplios sectores de la población debería ser percibida como una amenaza mayor.
Durante la cumbre de Unasur en Bariloche el pasado 28 de agosto, el presidente Uribe, para justificar su acuerdo con Estados Unidos, dijo que Colombia tiene convenios militares con EEUU para combatir la violencia desde 1952. A lo que el presidente Lula muy oportunamente respondió diciendo que si en tantos años la cooperación estadounidense no ha sido capaz de solucionar el problema de la violencia, entonces ya es hora de cambiar de estrategia.
Es decir, estrategias dirigidas a enfrentar las que han sido identificadas por Estados Unidos como las nuevas grandes amenazas de la región, que se han afianzado en la última década, y que ya no se limitan a un mero problema de narcóticos: corrupción endémica, crimen organizado, bandas delincuenciales, enormes zonas sin presencia de Estado o áreas sin ley, fronteras porosas por donde circula impunemente toda clase de contrabando, armas, narcóticos, terroristas, población ilegal.
Aunque estos son incuestionablemente grandes problemas que azotan el continente, el Gobierno estadounidense no percibe que estas situaciones han sido generadas directa o indirectamente también por el fracaso de una guerra militarista a las drogas impulsada por ellos, y que si los billones de dólares gastados en esta guerra durante tantos años se hubieran invertido en el desarrollo social y económico de esos mismos grupos sociales y esas mismas regiones hoy tan problemáticos, probablemente esas grandes amenazas no existirían. La creciente desigualdad del ingreso característica de casi todos los países de Latinoamérica que ha conducido a la marginación social y económica de amplios sectores de la población debería ser percibida como una amenaza mayor.
Durante la cumbre de Unasur en Bariloche el pasado 28 de agosto, el presidente Uribe, para justificar su acuerdo con Estados Unidos, dijo que Colombia tiene convenios militares con EEUU para combatir la violencia desde 1952. A lo que el presidente Lula muy oportunamente respondió diciendo que si en tantos años la cooperación estadounidense no ha sido capaz de solucionar el problema de la violencia, entonces ya es hora de cambiar de estrategia.
La política exterior estadounidense para América Latina no parece decidirse en el Departamento de Estado sino en el Departamento de Defensa.[1] Una penetración más consistente y sofisticada de su brazo militar en el hemisferio, el Comando Sur, por medio de la instalación de los llamados lily pads [2], es la respuesta que ofrece EEUU para enfrentar estas nuevas amenazas que a su juicio ponen en jaque a algunos Gobiernos de la región, como el de Colombia. Algunos observadores temen que lo que EEUU diagnostica como la falta de cooperación de otros gobiernos de la región para enfrentar el ‘narco-terrorismo’ pudiera también ser visto como una ‘nueva amenaza’. Lo que justificaría la reacción airada del presidente Chávez ante las bases, pues según el Departamento de Estado su gobierno no hace los suficientes esfuerzos antinarcóticos, según algunos indicios, podría haber colaborado con la insurgencia colombiana, y estaría aumentando sus contactos con Irán, uno de los países del eje del mal.
No fue sorprendente entonces que Chávez llevara a Bariloche el texto del White Paper Air Mobility Command Global En Route Strategy [3] que destaca la importancia de la base de Palanquero como un nuevo CSL (Centro de Seguridad Cooperativa) en Suramérica. Independientemente de si lo propuesto en ese documento se lleva a la práctica o no, de todos modos es revelador del actual marco estratégico del Pentágono para Suramérica.
Efectivamente, como dijo el embajador Brownfield, se trata de una ‘actualización’ que corresponde al nuevo análisis de seguridad del Departamento de Defensa sobre América Latina. Y esto, a menos que el Gobierno de Obama dé otras indicaciones en su política para el hemisferio occidental, parecen ser directivas que están por encima de la administración de turno.
Diversos analistas han notado la falta de claridad de la administración de Obama en materia de política exterior para América Latina. Cuál es, por ejemplo, la posición de su Gobierno sobre el concepto de ‘guerra preventiva’ desarrollado por la administración de Bush, que podría darle a Chávez la razón en sus temores. Y en el caso específico de Colombia, qué diferencia habrá en la cooperación militar estadounidense para Colombia, teniendo en cuenta que el Plan Colombia en su variante antinarcóticos fue un fracaso, y en su variante antiterrorista, aunque sirvió para reducir a la insurgencia, no logró eliminarla, y por el contrario hay un fenómeno de rearme de diversos grupos en el campo colombiano.
Este acuerdo militar bilateral Colombia-EEUU no hace generar demasiado optimismo acerca de cambios en la cooperación, entre otras cosas, por el hecho de haber sido prácticamente firmado a espaldas del resto de los países de la región. ¿Cómo se justifica este ocultamiento cuando a la vez se pretende enfrentar amenazas que son de orden transnacional? El hecho de no haber consultado a los países de la región hace suponer que la administración de Obama desconoce las claves de la actual realidad política suramericana, algo en lo que no se diferencia de la previa administración. Aunque algunos Gobiernos suramericanos mantienen un discurso ‘anti imperialista’ para referirse a Estados Unidos – que es solamente un discurso pues esos mismos países mantienen relaciones con EEUU y jamás lo han agredido en la práctica – los países más fuertes de Suramérica, Brasil, Argentina y Chile, representan posiciones moderadas que no se pueden seguir ignorando.
Lo que ha quedado claro después de la reunión de Bariloche es que la preocupación por las bases sigue vigente en el continente. Las bases representan la introducción de un elemento que desequilibra la relativa estabilidad de una región azotada por un conflicto armado y el creciente poder del narcotráfico. En vez de ofrecer una solución a esos problemas, como lo pretenden EEUU y Colombia ignorando una década de fracaso de Plan Colombia, las bases podrían contribuir a agravar la situación al internacionalizar problemas que podrían tratarse mejor en un marco regional sin la presencia de potencias extranjeras.
Un detalle importante respecto a la misión antinarcóticos de las bases colombianas: un asunto que ha llamado la atención de diversos observadores respecto a los siete puntos de la geografía colombiana a los que tendrán acceso los militares estadounidenses es que ninguno de ellos parece reemplazar verdaderamente las funciones antinarcóticos que desarrollaba la base de Manta. Sabiendo que el Pacífico es una de las grandes rutas de la drogas hacia Estados Unidos, no es difícil suponer entonces que el rol antinarcóticos de las bases colombianas va a pasar a un segundo plano, al menos en lo que se refiere al cubrimiento del Pacífico, y que desde las bases se le va a dar prioridad a otro tipo de actividades.
Entre una carrera armamentista y la consolidación de UNASUR
Cuando un país suramericano decide concederle súbitamente a EEUU espacio para despliegue militar en siete puntos estratégicos de su geografía, es normal que los países vecinos reaccionen manifestando alguna forma de inquietud. Casi dos siglos de historia de ingerencia militar y de inteligencia estadounidense en Latinoamérica conforman un antecedente serio de temor ante cualquier nuevo anuncio de operaciones del Pentágono en el continente. Que este acuerdo se produzca además justamente en momentos en que los países suramericanos se aprestan a sentar las bases de un proceso de unidad regional que garantizaría el equilibrio militar de la región lo hace particularmente inconveniente. (Debemos hacer algo al respecto esto no puede suceder, tal ves en otro pais pero no aqui!
No fue sorprendente entonces que Chávez llevara a Bariloche el texto del White Paper Air Mobility Command Global En Route Strategy [3] que destaca la importancia de la base de Palanquero como un nuevo CSL (Centro de Seguridad Cooperativa) en Suramérica. Independientemente de si lo propuesto en ese documento se lleva a la práctica o no, de todos modos es revelador del actual marco estratégico del Pentágono para Suramérica.
Efectivamente, como dijo el embajador Brownfield, se trata de una ‘actualización’ que corresponde al nuevo análisis de seguridad del Departamento de Defensa sobre América Latina. Y esto, a menos que el Gobierno de Obama dé otras indicaciones en su política para el hemisferio occidental, parecen ser directivas que están por encima de la administración de turno.
Diversos analistas han notado la falta de claridad de la administración de Obama en materia de política exterior para América Latina. Cuál es, por ejemplo, la posición de su Gobierno sobre el concepto de ‘guerra preventiva’ desarrollado por la administración de Bush, que podría darle a Chávez la razón en sus temores. Y en el caso específico de Colombia, qué diferencia habrá en la cooperación militar estadounidense para Colombia, teniendo en cuenta que el Plan Colombia en su variante antinarcóticos fue un fracaso, y en su variante antiterrorista, aunque sirvió para reducir a la insurgencia, no logró eliminarla, y por el contrario hay un fenómeno de rearme de diversos grupos en el campo colombiano.
Este acuerdo militar bilateral Colombia-EEUU no hace generar demasiado optimismo acerca de cambios en la cooperación, entre otras cosas, por el hecho de haber sido prácticamente firmado a espaldas del resto de los países de la región. ¿Cómo se justifica este ocultamiento cuando a la vez se pretende enfrentar amenazas que son de orden transnacional? El hecho de no haber consultado a los países de la región hace suponer que la administración de Obama desconoce las claves de la actual realidad política suramericana, algo en lo que no se diferencia de la previa administración. Aunque algunos Gobiernos suramericanos mantienen un discurso ‘anti imperialista’ para referirse a Estados Unidos – que es solamente un discurso pues esos mismos países mantienen relaciones con EEUU y jamás lo han agredido en la práctica – los países más fuertes de Suramérica, Brasil, Argentina y Chile, representan posiciones moderadas que no se pueden seguir ignorando.
Lo que ha quedado claro después de la reunión de Bariloche es que la preocupación por las bases sigue vigente en el continente. Las bases representan la introducción de un elemento que desequilibra la relativa estabilidad de una región azotada por un conflicto armado y el creciente poder del narcotráfico. En vez de ofrecer una solución a esos problemas, como lo pretenden EEUU y Colombia ignorando una década de fracaso de Plan Colombia, las bases podrían contribuir a agravar la situación al internacionalizar problemas que podrían tratarse mejor en un marco regional sin la presencia de potencias extranjeras.
Un detalle importante respecto a la misión antinarcóticos de las bases colombianas: un asunto que ha llamado la atención de diversos observadores respecto a los siete puntos de la geografía colombiana a los que tendrán acceso los militares estadounidenses es que ninguno de ellos parece reemplazar verdaderamente las funciones antinarcóticos que desarrollaba la base de Manta. Sabiendo que el Pacífico es una de las grandes rutas de la drogas hacia Estados Unidos, no es difícil suponer entonces que el rol antinarcóticos de las bases colombianas va a pasar a un segundo plano, al menos en lo que se refiere al cubrimiento del Pacífico, y que desde las bases se le va a dar prioridad a otro tipo de actividades.
Entre una carrera armamentista y la consolidación de UNASUR
Cuando un país suramericano decide concederle súbitamente a EEUU espacio para despliegue militar en siete puntos estratégicos de su geografía, es normal que los países vecinos reaccionen manifestando alguna forma de inquietud. Casi dos siglos de historia de ingerencia militar y de inteligencia estadounidense en Latinoamérica conforman un antecedente serio de temor ante cualquier nuevo anuncio de operaciones del Pentágono en el continente. Que este acuerdo se produzca además justamente en momentos en que los países suramericanos se aprestan a sentar las bases de un proceso de unidad regional que garantizaría el equilibrio militar de la región lo hace particularmente inconveniente. (Debemos hacer algo al respecto esto no puede suceder, tal ves en otro pais pero no aqui!
